PJ Catamarca

“Respeten irrestrictamente el estado de derecho y las garantías constitucionales aseguradas a toda la ciudadanía”.

La democracia argentina requiere para su plena vigencia política y social el respeto al sistema institucional establecido en la Constitución Nacional, y el equilibrio armónico entre los poderes del Estado. Pero esencialmente, precisa que quienes ejercen esos poderes, respeten irrestrictamente el estado de Derecho y las garantías constitucionales aseguradas a toda la ciudadanía.

Ello se logra cuando el ejercicio funcional se desempeña con apego a las normas jurídicas, y dentro del marco de las competencias, atribuciones y deberes conferidas por la Constitución y las leyes a cada poder público.

Las y los legisladores nacionales tienen inmunidad de opinión para poder ejercer libremente la función parlamentaria sin presiones ni sujeciones de ningún tipo, salvo las delimitadas por la Constitución y la ley. Y esta inmunidad es tan importante como la garantía de independencia del Poder Judicial para poder administrar justicia, porque ambas encuentran sustento y emanan de la propia Constitución.

Expresar en el Senado de la Nación la preocupación democrática por la existencia de mesas judiciales vinculadas a poderes políticos que procuraban el armado de causas judiciales destinadas a perseguir a sindicalistas o a cualquier otro ciudadano opositor, en el marco del law fare, y la presunta vinculación de funcionarios judiciales en la trama de complicidades espurias, no solo no configura ningún ataque a la institucionalidad, sino que procura proteger a la institucionalidad democrática y a toda la comunidad de los desvíos y abusos de poder.

La igualdad ante la ley es aplicable a todos y todas. Y nadie puede ni debe sustraerse a la acción de la Justicia, cuando sus actos resulten contrarios a derecho. Tampoco ningún Procurador.

Lo que resulta realmente lesivo del estado de Derecho, es que quienes fueron o son miembros de poderes del Estado, utilicen metodologías penadas por la ley, como elementos de persecución de opositores políticos o sindicales, retrotrayendo al país a épocas oscuras de conculcación de garantías constitucionales y violaciones de derechos humanos.

El espionaje ilegal, el armado de causas judiciales pergeñadas desde ilegales “mesas judiciales”, con participación de políticos, miembros del Poder Judicial, empresarios y periodistas o representantes de medios de comunicación, es lo que realmente debiera preocuparles y ocuparles. Porque eso sí configura delitos penales, y lesiona con gravedad institucional extrema, la vida democrática, la institucionalidad y las garantías y derechos constitucionales de la ciudadanía.

FIRMA: CONSEJO PARTIDO JUSTICIALISTA CATAMARCA

LUCIA CORPACCI – PRESIDENTA

RAÚL JALIL – VICE PRESIDENTE PRIMERO

MARCELO RIVERA – VICE SEGUNDO

ISAURO MOLINA – SECRETARIO GENERAL

PAOLA FEDELI – SECRETARIA DEL INTERIOR

AUGUSTO BARROS – SECRETARIO DE ADOCTRINAMIENTO

CARLOS CISNEROS – SECRETARIO DE PRENSA

GABRIELA ACEVEDO – TESORERA

INÉS RODRÍGUEZ – SECRETARIA GREMIAL

JUAN DENETT – PRESIDENTE JP

CYNTHIA GAMBARELLA- PRESIDENTA GENERACIÓN INTERMEDIA

ANA CASTRO – PRESIDENTA DE LA RAMA FEMENINA

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